Legislacion antitabaco, ley del tabaco en España, sitios en los que no se puede fumar legislacion - hipotecas - Leyes - Texto de la Ley 28/2005 del Tabaco.

Texto íntegro publicado en el Boletin Oficial del Estado de la Ley del Tabaco en España.

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.

Exposición de motivos.

I
En España, al igual que en otros países desarrollados,
el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y
morbilidad evitable. La evidencia científica sobre los riesgos
que conlleva el consumo de tabaco para la salud de la
población es concluyente.
Se estima, según los datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que el consumo de tabaco es responsable
del 90 por ciento de la mortalidad por cáncer de
pulmón, del 95 por ciento de las muertes por enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, del 50 por ciento de la mortalidad
cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes
que se producen por cualquier tipo de cáncer. En España
fallece cada año como consecuencia del consumo de
tabaco un número de personas que representa el 16 por
ciento de todas las muertes ocurridas en la población
mayor de treinta y cinco años. Asimismo, hay evidencias
científicas de que el humo del tabaco en el ambiente (consumo
pasivo o involuntario de tabaco) es causa de mortalidad,
enfermedad y discapacidad. La Agencia Internacional
de Investigación del Cáncer de la OMS ha determinado
que la exposición al aire contaminado con humo del
tabaco es carcinogénica en los seres humanos.
El consumo de tabaco, como factor determinante de
diferentes patologías y como causa conocida de muerte y
de importantes problemas sociosanitarios, constituye
uno de los principales problemas para la salud pública; de
ahí, pues, la necesidad de implantar medidas dirigidas a
su prevención, limitar su oferta y demanda y regular su
publicidad, promoción y patrocinio.
Estas medidas deben estar en total sintonía con las
actuaciones previstas en la Estrategia Europea para el
Control del Tabaquismo 2002 de la Región Europea y con
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco,
hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 y ratificado por
España el 30 de diciembre de 2004.
Asimismo, la Unión Europea ha visto con preocupación
el fenómeno del tabaquismo, que ha pretendido

combatir a través de diferentes medidas normativas entre
las que destaca la aprobación de la Directiva 2003/33/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de
2003, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los
productos del tabaco, Directiva que, mediante esta Ley, se
incorpora a nuestro ordenamiento.
La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el
derecho a la protección de la salud, y encomienda en su
apartado 2 a los poderes públicos la organización y tutela
de la salud pública a través de medidas preventivas. Para
contribuir a la efectividad de este derecho, la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación
de las Administraciones públicas sanitarias de orientar
sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades, evitar las actividades
y productos que, directa o indirectamente, puedan
tener consecuencias negativas para la salud y regular
su publicidad y propaganda comercial.
En el ámbito de la legislación existente sobre aspectos
generales relacionados con el tabaco, es de constatar su
carácter disperso y asistemático. Así, sin ánimo de
exhaustividad, pueden citarse el Real Decreto 192/1988,
de 4 de marzo, y su modificación posterior, operada
mediante el Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, sobre
limitaciones en la venta y uso del tabaco para la protección
de la salud de la población; el Real Decreto 510/1992,
de 14 de mayo, por el que se regula el etiquetado de los
productos del tabaco y se establecen determinadas limitaciones
en aeronaves comerciales; el Real Decreto 1185/
1994, de 3 de junio, sobre etiquetado de productos del
tabaco distintos de los cigarrillos y por el que se prohíben
determinados tabacos de uso oral y se actualiza el régimen
sancionador en materia de tabaco; el Real Decreto
1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los
contenidos máximos de nicotina, alquitrán y monóxido
de carbono de los cigarrillos, el etiquetado de los productos
del tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes
y denominaciones de los productos del tabaco, y
el Real Decreto 2198/2004, de 25 de noviembre, por el que
se determinan los colectivos a los que se dirigen las políticas
de cohesión a efectos de su financiación por el
Fondo de cohesión sanitaria durante el ejercicio 2004. La
legislación vigente aborda igualmente la regulación de
los aspectos publicitarios del fenómeno del tabaco, si
bien prohíbe únicamente la publicidad televisiva. La
actual regulación se halla contenida básicamente en las
Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
y 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE,
sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva,
así como en la Ley 22/1999, de 7 de junio, que modifica la anterior.



En el ámbito autonómico, en función de las competencias
estatutarias en materia de salud pública, desde
muy pronto se sintió la necesidad de abordar la regulación
de estas cuestiones; baste citar, a título de ejemplo,
la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 20/1985,
de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de
sustancias que puedan generar dependencia. Hoy puede
decirse que la práctica totalidad de las Comunidades
Autónomas ha legislado, bien aprobando normas específicas
sobre tabaco, como es el caso de Galicia con el
Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre control sanitario
de la publicidad, promoción, suministro, venta y consumo
de productos del tabaco, y de la Comunidad Foral de
Navarra, con la aprobación de la Ley Foral 6/2003, de 14
de febrero, de prevención del consumo de tabaco, de protección
del aire respirable y de la promoción de la salud
en relación al tabaco, bien en el marco de regulaciones
más amplias, generalmente vinculadas a fenómenos de
drogodependencias y otros trastornos adictivos, en el
caso de las demás Comunidades Autónomas: Andalucía,
Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia,
La Rioja, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Las consideraciones expuestas hacen necesaria la
adopción de nuevas medidas en una doble dirección. Por
un lado, aquéllas que inciden sobre el consumo y la venta,
con el aumento de los espacios sin humo, la limitación de
la disponibilidad y accesibilidad a los productos del
tabaco, especialmente a los más jóvenes y la garantía de
que el derecho de la población no fumadora a respirar
aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece
sobre el de las personas fumadoras. Resulta oportuno y
necesario introducir nuevas medidas en la venta y consumo
de tabaco para subsanar las limitaciones y deficiencias
de la legislación existente que el paso del tiempo, la
progresiva evidencia científica, la mayor sensibilización y
concienciación social y la proliferación y diversificación
de las estrategias de venta y promoción de los productos
del tabaco han puesto de manifiesto.
Por otro lado, las medidas relativas a la publicidad y la
promoción de los productos del tabaco, ya sea directa o
indirecta, y el patrocinio de diferentes actividades, tienen
una probada influencia sobre las conductas personales y
los hábitos sociales, por lo que se convierten en un claro
elemento de inducción y favorecimiento de su consumo,
especialmente en el ámbito infantil y juvenil; por ello se
hace necesario incidir limitativamente en todas las clases
y medios de publicidad, ya sean impresos, radiofónicos,
televisivos, electrónicos o cinematográficos.
La adopción de las medidas propuestas se hace también
necesaria para ofrecer el soporte y la cobertura normativa
a las intervenciones educativas, preventivas y
asistenciales desarrolladas en el conjunto del Estado.
También, desde este ángulo, se evidencia la necesidad de
contar con una base jurídica que facilite la existencia y
eficacia de estas intervenciones, especialmente en la
población infantil y juvenil, principal sector de población
al que se dirige la regulación de los productos del
tabaco.
Si bien el establecimiento de espacios sin humo es
una actuación prioritaria de protección de la salud para la
población en general, lo es en mayor medida en el caso
de los menores. Cabe señalar la importancia del papel
modélico de los profesionales docentes y sanitarios, en
su labor educativa, de sensibilización, concienciación y
prevención, fomentando modos de vida sin tabaco.
Con el mismo objetivo, la prohibición de la publicidad
directa e indirecta y el patrocinio de los productos del
tabaco, representa una de las principales medidas de protección,
dirigidas a la infancia y a la juventud, y pone de
manifiesto la responsabilidad de las autoridades públicas,
al limitar el acceso y disponibilidad de un producto, que
genera adicción, discapacidad, enfermedad y muerte.
No se puede desconocer, por lo demás, que el fenómeno
del tabaquismo no se manifiesta de igual manera
en hombres y en mujeres. Se han advertido claras diferencias
tanto en las causas que inducen al inicio del consumo,
en las mismas pautas de consumo, en el mantenimiento
de la adicción, en la respuesta a los tratamientos,
en la dificultad de abandono y en las tasas en la recaída, y
es evidente el mayor impacto negativo para la salud de
las mujeres.
Es por ello por lo que se hace necesario contemplar la
perspectiva de género en todas y cada una de las estrategias
que se desarrollen para el abordaje del tabaquismo,
al objeto de eliminar aquellos factores que propician una
situación desigual de oportunidades para disfrutar de
salud, discapacitarse o morir por causas prevenibles.
Por otra parte, la interacción con la especial fisiología
de las mujeres y los procesos reproductivos les añade
unos riesgos específicos. Hace varias décadas que se
conoce que la nicotina y el monóxido de carbono durante
el embarazo son responsables de una mayor propensión
al aborto espontáneo y a la mortalidad perinatal, así como
una reducción de peso en el recién nacido. La exposición
de la mujer gestante como fumadora pasiva al humo del
tabaco presente en el ambiente provoca nocividad sobre
el feto.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la regulación
y el rango normativo de las disposiciones citadas, se
hace aconsejable la promulgación de una norma general
que sistematice la regulación y cuyo rango sea el adecuado
a la finalidad pretendida, para lo que se ha optado
por la forma de ley.
II
La Ley se articula en cinco capítulos, dedicados respectivamente
a la regulación de las disposiciones generales,
las limitaciones a la venta, suministro y consumo de
los productos del tabaco, la regulación de su publicidad,
promoción y patrocinio, medidas de prevención del tabaquismo,
de promoción de la salud y de facilitación de la
deshabituación tabáquica, así como el régimen de las
infracciones y sanciones.
El capítulo I se consagra a las disposiciones generales,
delimita el objeto y aclara, en forma de definiciones, los
conceptos fundamentales que se contienen en la Ley.
El capítulo II regula las limitaciones a la venta, suministro
y consumo de los productos del tabaco. En cuanto
a las limitaciones a la venta y suministro, la Ley, en perfecta
concordancia con la normativa que disciplina el
mercado de tabacos, dispone que la venta y suministro al
por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse
en la red de expendedurías de tabaco y timbre o a través
de máquinas expendedoras que cuenten con las autorizaciones
administrativas oportunas, por lo que queda
expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio.
Además, se prohíbe vender o entregar a personas
menores de dieciocho años productos del tabaco, así
como cualquier otro producto que le imite e induzca a
fumar. Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por personas
menores de dieciocho años. En cualquier caso, se
prohíbe la venta y suministro en determinados lugares,
tales como centros y dependencias de las Administraciones
públicas y entidades de derecho público, centros sanitarios
o de servicios sociales y sus dependencias, centros
docentes, centros culturales, centros e instalaciones
deportivas, centros de atención y ocio de los menores de
edad, así como en cualquier otro lugar, centro o establecimiento
donde esté prohibido su consumo.
En cuanto a las limitaciones sobre el consumo, la Ley
parte de la distinción entre lugares donde se establece la
prohibición total de fumar y lugares donde se prohíbe
fumar pero se permite la habilitación de zonas para fumar,
siempre que se cumplan determinados requisitos, tales



como una señalización adecuada, la separación física del
resto de las dependencias y la dotación de sistemas de
ventilación independiente.
El capítulo III incorpora a nuestro ordenamiento la
Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros en materia de publicidad y
de patrocinio de los productos del tabaco.
La Ley no se limita, sin embargo, a la mera transposición
de la normativa comunitaria, sino que, además,
regula la prohibición de la distribución gratuita o promocional
de productos, bienes o servicios o cualquier otra
actuación cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal
o secundario, sea la promoción de un producto del
tabaco, así como de la de toda clase de publicidad, promoción
y patrocinio de los productos del tabaco en todos
los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la
información, aunque con determinadas excepciones.
Este capítulo se completa con normas sobre las denominaciones
comunes, expresión con la que se identifica a
los nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos
distintivos que sean utilizados para productos del
tabaco y, simultáneamente, para otros bienes o servicios
y que hayan sido comercializados u ofrecidos por una
misma empresa o grupo de empresas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley.
El capítulo IV incorpora medidas de prevención del
tabaquismo impulsando acciones de educación para la
salud y de información sanitaria.
También recoge la promoción de programas para la
deshabituación tabáquica en la red asistencial del Sistema
Nacional de Salud.
Se crea el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo,
así como las necesarias medidas de coordinación
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud para el mejor cumplimiento de la Ley.
La Ley se completa con un preciso régimen de infracciones
y sanciones en el capítulo V, en el que, además de
tipificar las correspondientes conductas contrarias a la
norma y asignarles el respectivo reproche sancionador,
se identifican los responsables, incluso en los supuestos
de infracciones cometidas por menores, y se delimitan
claramente las competencias sancionadoras.
Todas estas medidas, enmarcadas en el contexto de
las políticas de salud pública que las Administraciones
públicas deben promover, podrán complementarse con
programas de prevención y control del tabaquismo.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto:
a) Establecer, con carácter básico, las limitaciones,
siempre que se trate de operaciones al por menor, en la
venta, suministro y consumo de los productos del tabaco,
así como regular la publicidad, la promoción y el patrocinio
de dichos productos, para proteger la salud de la
población.
b) Promover los mecanismos necesarios para la prevención
y control del tabaquismo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Productos del tabaco: los destinados a ser fumados,
inhalados, chupados o masticados, que estén constituidos,
aunque sólo sea en parte, por tabaco.

b) Publicidad: toda forma de comunicación, recomendación
o acción comercial cuyo objetivo o efecto
directo o indirecto sea la promoción de un producto del
tabaco o el uso del tabaco, incluida la publicidad que, sin
mencionar directamente un producto del tabaco, intente
eludir la prohibición de la publicidad utilizando nombres,
marcas, símbolos u otros elementos distintivos de productos
del tabaco.
c) Patrocinio: cualquier tipo de contribución, pública
o privada, a un acontecimiento, una actividad o un individuo
cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción
de un producto del tabaco o el uso del tabaco.
d) Promoción: todo estímulo de la demanda de productos
del tabaco, como anuncios, publicidad y actos
especiales, entre otros, destinados a atraer la atención y
suscitar el interés de los consumidores.

CAPÍTULO II
Limitaciones a la venta, suministro y consumo
de los productos del tabaco
Artículo 3. Venta y suministro de los productos del
tabaco.
1. La venta y suministro al por menor de productos
del tabaco sólo podrá realizarse en la red de expendedurías
de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras,
ubicadas en establecimientos que cuenten con las
autorizaciones administrativas oportunas, para la venta
mediante máquinas, y queda expresamente prohibido en
cualquier otro lugar o medio.
2. Se prohíbe vender o entregar a personas menores
de dieciocho años productos del tabaco, así como cualquier
otro producto que le imite e induzca a fumar. En
particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios,
juguetes y otros objetos que tengan forma de productos
del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores.
Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por personas
menores de dieciocho años.
En el empaquetado de los productos del tabaco
deberá incluirse una referencia expresa a la prohibición
de su venta a menores de dieciocho años.
3. En todos los establecimientos en los que esté
autorizada la venta y suministro de productos del tabaco,
se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con
las características que señalen las normas autonómicas
en su respectivo ámbito territorial, informen, en castellano
y en las lenguas cooficiales, de la prohibición de
venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan
sobre los perjuicios para la salud derivados del uso
del tabaco. En estos establecimientos se exigirá a todas
las personas compradoras, salvo que sea evidente que
son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante
documento de valor oficial.
4. Se prohíbe la comercialización, venta y suministro
de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en
unidades sueltas o empaquetamientos de menos de 20
unidades.
5. Se prohíbe, en el ejercicio de una actividad comercial
o empresarial, la entrega, suministro o distribución de
muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no
gratuitas, y la venta de productos del tabaco con descuento.
Se presume que la entrega, suministro o distribución
de muestras tiene lugar en el ejercicio de una actividad
comercial o empresarial cuando se efectúa directamente
por el fabricante, productor, distribuidor, importador o
vendedor.
6. Se prohíbe la venta y suministro de productos del
tabaco por cualquier otro método que no sea la venta
directa personal o a través de máquinas expendedoras




que guarden las condiciones señaladas en el artículo
siguiente. Queda expresamente prohibida la venta o
suministro al por menor de productos del tabaco de
forma indirecta o no personal, mediante la venta a distancia
o procedimientos similares.
Artículo 4. Venta y suministro a través de máquinas
expendedoras.
La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras
se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Uso: se prohíbe a los menores de dieciocho años
el uso de máquinas expendedoras de productos del
tabaco.
b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos
del tabaco sólo podrán ubicarse en el interior de
locales, centros o establecimientos en los que no esté
prohibido fumar, así como en aquéllos a los que se refieren
las letras b), c) y d) del artículo 8.1. en una localización
que permita la vigilancia directa y permanente de su uso
por parte del titular del local o de sus trabajadores. No se
podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a
los locales, como son las zonas de cortavientos, porches,
pórticos, pasillos de centros comerciales, vestíbulos, distribuidores,
escaleras, soportales o lugares similares que
puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen
propiamente el interior de éste.
c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de
las máquinas figurará, de forma clara y visible, en castellano
y en las lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios
para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente
para los menores, de acuerdo con las características
que señalen las normas autonómicas en su respectivo
ámbito territorial.
d) Características: para garantizar el uso correcto de
estas máquinas, deberán incorporar los mecanismos técnicos
adecuados que permitan impedir el acceso a los
menores de edad.
e) Incompatibilidad: en estas máquinas no podrán
suministrarse otros productos distintos del tabaco.
f) Registro: las máquinas expendedoras de productos
del tabaco se inscribirán en un registro especial gestionado
por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Artículo 5. Prohibición de venta y suministro en determinados
lugares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,
queda prohibida la venta y suministro de productos
del tabaco en los siguientes lugares:
a) Centros y dependencias de las Administraciones
públicas y entidades de Derecho público.
b) Centros sanitarios o de servicios sociales y sus
dependencias.
c) Centros docentes, independientemente de la edad
del alumnado y del tipo de enseñanza.
d) Centros culturales.
e) Centros e instalaciones deportivas.
f) Centros de atención y de ocio y de esparcimiento
de los menores de edad.
g) En cualquier otro lugar, centro o establecimiento
donde esté prohibido su consumo, así como en los espacios
al aire libre señalados en el artículo 7.
h) En los lugares donde se permita habilitar zonas
para fumadores no se podrá vender tabaco, salvo en el
supuesto previsto en las letras b), c) y d) del artículo 8.1,
en el que se podrá vender a través de máquinas expendedoras
debidamente autorizadas.
Artículo 6. Limitaciones al consumo de los productos
del tabaco.
El consumo de productos del tabaco deberá hacerse
exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que
no esté totalmente prohibido o en los especialmente habilitados
para ello. A tales efectos, se distingue entre los
lugares en los que está totalmente prohibido fumar y
aquellos otros en los que, pese a esa prohibición, se permite
la habilitación de zonas para el consumo del tabaco.
Artículo 7. Prohibición total de fumar.
Se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos
lugares o espacios definidos en la normativa de las
Comunidades Autónomas, en:
a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en
los espacios al aire libre.
b) Centros y dependencias de las Administraciones
públicas y entidades de Derecho público.
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios.
d) Centros docentes y formativos, independientemente
de la edad del alumnado y del tipo de enseñanza.
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen
espectáculos públicos, siempre que no sean al aire
libre.
f) Zonas destinadas a la atención directa al público.
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies
y galerías, salvo en los espacios al aire libre. En los
bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería
y restauración situados en su interior y separados del
resto de sus dependencias, no se podrá fumar, sea cual
fuere su superficie, salvo que se habiliten zonas para
fumadores, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
h) Centros de atención social para menores de dieciocho
años.
i) Centros de ocio o esparcimiento, en los que se
permita el acceso a menores de dieciocho años, salvo en
los espacios al aire libre.
j) Centros culturales, salas de lectura, exposición,
biblioteca, conferencias y museos.
k) Salas de fiesta o de uso público en general,
durante el horario o intervalo temporal en el que se permita
la entrada a menores de dieciocho años.
l) Áreas o establecimientos donde se elaboren,
transformen, preparen, degusten o vendan alimentos.
m) Ascensores y elevadores.
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos
y otros espacios de uso público de reducido
tamaño.
Se entiende por espacio de uso público de reducido
tamaño aquel que no ocupe una extensión superior a
cinco metros cuadrados.
ñ) Vehículos o medios de transporte colectivo urbano
e interurbano, vehículos de transporte de empresa, taxis,
ambulancias, funiculares y teleféricos.
o) Todos los espacios del transporte suburbano
(vagones, andenes, pasillos, escaleras, estaciones, etc.),
salvo los espacios que se encuentren por completo al aire
libre.
p) Medios de transporte ferroviarios y marítimos,
salvo en los espacios al aire libre.
q) Aeronaves con origen y destino en territorio
nacional y en todos los vuelos de compañías aéreas españolas,
incluidos aquellos compartidos con vuelos de compañías
extranjeras.
r) Estaciones de servicio y similares.
s) En cualquier otro lugar en el que, por mandato de
esta Ley o de otra norma o por decisión de su titular, se
prohíba fumar.



Artículo 8. Habilitación de zonas para fumar.
1. Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar
zonas para fumar, en los siguientes espacios o lugares:
a) Centros de atención social.
b) Hoteles, hostales y establecimientos análogos.
c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de
restauración cerrados, con una superficie útil destinada a
clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados,
salvo que se hallen ubicados en el interior de centros
o dependencias en los que se prohíba fumar de acuerdo
con lo previsto en el artículo 7.
d) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de
uso público en general, durante el horario o intervalo
temporal en el que no se permita la entrada a menores de
dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre.
e) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos
que se realizan en espacios cerrados. En estos casos, la
ubicación de la zona de fumadores deberá situarse fuera
de las salas de representación o proyección.
f) Aeropuertos. g) Estaciones de autobuses.
h) Estaciones de transporte marítimo y ferroviario.
i) En cualquier otro lugar en el que, sin existir prohibición
de fumar, su titular así lo decida.
j) En cualquier lugar o espacio permitido por la normativa
de las Comunidades Autónomas, fuera de los
supuestos enumerados en el artículo 7.
2. Podrán habilitarse zonas para fumar únicamente
en los lugares señalados en el apartado anterior, siempre
que reúnan, al menos, los siguientes requisitos:
a) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas,
en castellano y en la lengua cooficial, con las exigencias
requeridas por las normas autonómicas correspondientes.
b) Deberán estar separadas físicamente del resto de
las dependencias del centro o entidad y completamente
compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para
las personas no fumadoras, salvo que éstas tengan la
condición de trabajadoras o empleadas en aquéllas y
sean mayores de dieciséis años.
c) Deberán disponer de sistemas de ventilación
independiente u otros dispositivos o mecanismos que
permitan garantizar la eliminación de humos.
d) En todo caso, la superficie de la zona habilitada
deberá ser inferior al 10 por ciento de la total destinada a
clientes o visitantes del centro o establecimiento, salvo en
los supuestos a que se refieren las letras b), c) y d) del
apartado anterior, en los que se podrá destinar, como
máximo, el 30 por ciento de las zonas comunes para las
personas fumadoras. En ningún caso, el conjunto de las
zonas habilitadas para fumadores en cada uno de los
espacios o lugares a que se refiere el apartado 1 de este
artículo podrá tener una superficie superior a trescientos
metros cuadrados.
En los lugares designados en la letra b) del apartado 1
de este artículo, se podrá reservar hasta un 30%
de habitaciones para huéspedes fumadores.
e) En los establecimientos en los que se desarrollen
dos actividades, separadas en el espacio, de las enumeradas
en este artículo, la superficie útil se computará para
cada una de ellas de forma independiente, excluyendo del
cómputo las zonas comunes y de tránsito, en las que, en
ningún caso, se permitirá el consumo de tabaco.
En todos los casos en que no fuera posible dotar a
estas zonas de los requisitos exigidos, se mantendrá la
prohibición de fumar en todo el espacio.
3. En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos
a que se refiere el presente artículo no se permitirá
la presencia de menores de 16 años.

CAPÍTULO III

Regulación de la publicidad, promoción y patrocinio
de los productos del tabaco
Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y
patrocinio de los productos del tabaco.
1. Queda prohibido el patrocinio de los productos
del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción
de los citados productos en todos los medios y
soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios
de la sociedad de la información, con las siguientes
excepciones:
a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a
los profesionales que intervienen en el comercio del
tabaco.
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales
del sector en el marco de la Ley 13/1998, de 4
de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa
tributaria, así como la promoción de dichos productos
en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado,
siempre que no tenga como destinatarios a los menores
de edad ni suponga la distribución gratuita de tabaco o de
bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos
del tabaco o con el hábito de fumar o que lleven
aparejados nombres, marcas, símbolos o cualesquiera
otros signos distintivos que sean utilizados para los productos
del tabaco. En todo caso, el valor o precio de los
bienes o servicios citados no podrá ser superior al cinco
por ciento del precio de los productos del tabaco que se
pretenda promocionar.
En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse
en los escaparates ni extenderse fuera de dichos establecimientos,
ni dirigirse al exterior.
c) Las publicaciones que contengan publicidad de
productos del tabaco, editadas o impresas en países que
no forman parte de la Unión Europea, siempre que dichas
publicaciones no estén destinadas principalmente al mercado
comunitario, salvo que estén dirigidas principalmente
a los menores de edad.
2. Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de
tabaco y timbre del Estado, la distribución gratuita o promocional
de productos, bienes o servicios o cualquier
otra actuación, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto,
principal o secundario, sea la promoción de un producto
del tabaco.
Artículo 10. Reglas aplicables a denominaciones comunes.
Queda prohibido el empleo de nombres, marcas, símbolos
o cualesquiera otros signos distintivos que sean
utilizados para identificar en el tráfico productos del
tabaco y, simultáneamente, otros bienes o servicios y
sean comercializados u ofrecidos por una misma empresa
o grupo de empresas.
A tal efecto, se considerarán pertenecientes a un
mismo grupo las empresas que constituyan una unidad
de decisión, porque alguna de ellas ejerza o pueda ejercer,
directa o indirectamente, el control de las demás, o
porque dicho control corresponda a una o varias personas
físicas que actúen sistemáticamente en concierto. Se
presumirá que existe en todo caso unidad de decisión
cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el
apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio y en el
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.




Medidas de prevención del tabaquismo, de promoción
de la salud y de facilitación de la deshabituación tabáquica.
Artículo 11. Acciones y programas.
Las Administraciones públicas competentes promoverán
directamente y en colaboración con sociedades científicas,
agentes sociales y organizaciones no gubernamentales,
acciones y programas de educación para la salud,
información sanitaria y de prevención del tabaquismo.
Artículo 12. De los programas de deshabituación tabáquica.
Las Administraciones públicas competentes promoverán
el desarrollo de programas sanitarios para la deshabituación
tabáquica en la red asistencial sanitaria, en
especial en la atención primaria. Asimismo, se promoverán
los programas de promoción del abandono del consumo
de tabaco en instituciones docentes, centros sanitarios,
centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio.
La creación de unidades de deshabituación tabáquica se
potenciará y promoverá en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 13. Adopción de medidas.
En la adopción de las medidas a que se refiere este
capítulo se atenderá, de manera particular, la perspectiva
de género y las desigualdades sociales. Asimismo, las
Administraciones públicas competentes promoverán las
medidas necesarias para la protección de la salud y la
educación de los menores, con el fin de prevenir y evitar
el inicio en el consumo y de ayudar a éstos en el abandono
de la dependencia. Se potenciará la puesta en marcha
de programas de actuación en la atención pediátrica
infantil con información específica para los padres fumadores
y campañas sobre los perjuicios que la exposición
al humo provoca en los menores.
Artículo 14. Criterios y protocolos de las unidades de
prevención y control del tabaquismo.
El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá, en
coordinación con las Comunidades Autónomas y las
sociedades científicas correspondientes, los criterios y
protocolos definitorios de las unidades de prevención y
control del tabaquismo.
Artículo 15. Colaboración de los poderes públicos.
De conformidad con los objetivos de esta Ley, el Gobierno,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, y en el
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, propondrá las iniciativas, programas y actividades a
desarrollar para el mejor cumplimiento de esta Ley y coordinará
las actuaciones intersectoriales e interterritoriales.
Artículo 16. Del Observatorio para la Prevención del
Tabaquismo.
Se creará en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo,
y en colaboración con las Comunidades Autónomas,
sociedades científicas, asociaciones de consumidores y organizaciones
no gubernamentales, el Observatorio para la Prevención
del Tabaquismo. Sus funciones, entre otras, serán:
1) Proponer las iniciativas, programas y actividades
a realizar para lograr los objetivos de la Ley.
2) Establecer los objetivos de reducción de la prevalencia
del tabaquismo.
3) Elaborar un informe anual sobre la situación, aplicación,
resultados y cumplimiento de esta Ley.
Artículo 17. Del destino de las sanciones impuestas.
Las Administraciones competentes podrán destinar
total o parcialmente los importes por la recaudación de

sanciones, dispuestas conforme a lo establecido en esta
Ley, al desarrollo de programas de investigación, de educación,
de prevención, de control del tabaquismo y de
facilitación de la deshabituación tabáquica.

CAPÍTULO V
Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 18. Disposiciones generales.
1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se
ejercerá, en todo lo no previsto en ella, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro tipo que puedan concurrir.
2. En los procedimientos sancionadores por infracciones
graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo,
y sin perjuicio de las que pudieran establecer las normas
de las Comunidades Autónomas, las medidas de
carácter provisional previstas en dichas normas que se
estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución
que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento,
evitar el mantenimiento de los efectos de la
infracción y las exigencias de los intereses generales. En
particular, podrán acordarse las siguientes:
a) En caso de infracciones muy graves, la suspensión
temporal de la actividad del infractor y, en su caso, el
cierre provisional de sus establecimientos.
b) El precinto, el depósito o la incautación de los
productos del tabaco.
c) El precinto, el depósito o la incautación de registros,
soportes y archivos informáticos y de documentos
en general, así como de aparatos y equipos informáticos
de todo tipo.
d) Advertir al público de la existencia de posibles
conductas infractoras y de la incoación del expediente
sancionador de que se trate, así como de las medidas
adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de tales medidas se
respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos
previstos en el ordenamiento jurídico para proteger
los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión
o a la libertad de información, cuando éstos pudieran
resultar afectados.
En casos de urgencia y para la inmediata protección de
los intereses implicados, las medidas provisionales previstas
en este artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación
del expediente sancionador. Las medidas deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro
de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser
objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas
quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento
sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación
no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
aquellas. El órgano administrativo competente para resolver
el procedimiento sancionador podrá imponer multas
coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por
cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales
que hubieran sido acordadas.




3. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán
a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos
años, y las impuestas por faltas leves, al año.
Artículo 19. Infracciones.
1. Las infracciones por incumplimiento de lo previsto
en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves:
a) Fumar en los lugares en que exista prohibición
total o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
b) No disponer o no exponer en lugar visible en los
establecimientos en los que esté autorizada la venta de
productos del tabaco los carteles que informen de la prohibición
de venta de tabaco a los menores de dieciocho
años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados
del uso del tabaco.
c) Que las máquinas expendedoras no dispongan de
la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las
características legalmente preceptivas.
d) No informar en la entrada de los establecimientos
de la prohibición o no de fumar, así como de la existencia
de zonas habilitadas para fumadores y no fumadores o no
cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere
esta Ley.
e) No señalizar debidamente las zonas habilitadas
para fumar.
f) La venta o comercialización de productos del
tabaco por personas menores.
3. Se considerarán infracciones graves:
a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y
lugares donde no esté permitida su habilitación o que
aquellas no reúnan los requisitos de separación de otras
zonas, ventilación y superficie legalmente exigidas.
b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición
total, o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
c) La acumulación de tres infracciones de las previstas
en el apartado 2.a) del presente artículo.
d) La comercialización, venta y suministro de cigarrillos
y cigarritos no provistos de capa natural en unidades
de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, así
como por unidades individuales.
e) La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos
de capa natural por unidades en aquellos lugares
en los que ello no esté permitido.
f) La entrega o distribución de muestras de cualquier
producto del tabaco, sean o no gratuitas.
g) La instalación o emplazamiento de máquinas
expendedoras de labores de tabaco en lugares expresamente
prohibidos.
h) El suministro o dispensación a través de máquinas
expendedoras de tabaco de productos distintos al
tabaco.
i) La venta y suministro de productos del tabaco
mediante la venta a distancia o procedimientos similares,
excepto la venta a través de máquinas expendedoras.
j) La distribución gratuita o promocional, fuera de la
red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, de productos,
bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o
indirecto de promocionar un producto del tabaco.
k) La venta de productos del tabaco con descuento.
l) La venta o entrega a personas menores de dieciocho
años de productos del tabaco o de productos que
imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como
de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan
forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos
para los menores.
m) Permitir a los menores de dieciocho años el uso
de máquinas expendedoras de productos del tabaco.
n) Que las máquinas expendedoras no dispongan
del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha
por el titular del establecimiento.
ñ) La distribución gratuita o promocional de productos,
bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o
indirecto de promocionar un producto del tabaco a menores
de dieciocho años.
o) La comercialización de bienes o servicios utilizando
nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos
ya utilizados para un producto del tabaco en condiciones
distintas de las permitidas en el artículo 10 y en la
disposición transitoria segunda.
p) La comercialización de productos del tabaco utilizando
el nombre, la marca, el símbolo o cualquier otro
signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones
distintas de las permitidas en esta Ley.
q) La venta, cesión o suministro de productos del
tabaco incumpliendo las demás prohibiciones o limitaciones
establecidas en esta Ley.
r) La distribución gratuita en las expendedurías de
tabaco y timbre del Estado de bienes y servicios relacionados
exclusivamente con productos del tabaco o con el
hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas,
símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que
sean utilizados para los productos del tabaco.
4. Son infracciones muy graves la publicidad, promoción
y patrocinio de los productos del tabaco en todos
los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la
información, salvo los supuestos previstos en el artículo 9.1.
Artículo 20. Sanciones.
1. Las infracciones leves previstas en el artículo
19.2.a) serán sancionadas con multa de hasta 30 euros
si la conducta infractora se realiza de forma aislada, y con
multa de 30 hasta 600 euros en los demás casos; las graves,
con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las
muy graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro
de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta
el riesgo generado para la salud, la capacidad económica
del infractor, la repercusión social de la infracción, el
beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada
y la previa comisión de una o más infracciones a
esta Ley. Las sanciones se dividirán, dentro de cada categoría,
en tres grados, mínimo, medio y máximo. Se
impondrán en grado máximo las sanciones por hechos
cuyo perjudicado o sujeto pasivo sea un menor de edad y
las que se impongan en los casos en los que la conducta
infractora se realice con habitualidad o de forma continuada,
salvo que la habitualidad o continuidad formen
parte del tipo de la infracción. Se impondrán en grado
mínimo cuando se cometan por un menor de edad, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.8.
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte
inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción,
la sanción será aumentada hasta el doble del
importe en que se haya beneficiado el infractor.
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo
de dos o más infracciones, tipificadas en ésta u otras
Leyes, se tomará en consideración únicamente aquella
que comporte la mayor sanción.
5. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción
pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá
de proseguir el procedimiento sancionador mientras
la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción
penal excluirá la imposición de la administrativa.
6. La exigencia de responsabilidades administrativas
será compatible con las civiles o de otro orden que
pudieran concurrir.
7. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas
periódicamente por el Gobierno mediante real decreto.



Artículo 21. Personas responsables.
1. De las diferentes infracciones será responsable su
autor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que
cometa los hechos tipificados como tales.
2. En el caso de las infracciones tipificadas en el
artículo 19.2.b), d), e) y f) y 19.3.a), serán responsables los
titulares de los establecimientos en los que se cometa la
infracción.
3. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.2.c)
y 19.3.n) responderán solidariamente el fabricante, el
importador, en su caso, el distribuidor y el explotador de
la máquina.
4. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.3.g)
y h) será responsable el explotador de la máquina.
5. En el caso del artículo 19 en los apartados 3. b) y 3.
l) en el supuesto de venta de productos del tabaco a
menores de dieciocho años y del artículo 19.3. m), responderá
el titular del local, centro o establecimiento en el que
se cometa la infracción o, en su defecto, el empleado de
aquel que estuviese a cargo del establecimiento o centro
en el momento de cometerse la infracción. Si el titular del
local, centro o establecimiento fuera una Administración
pública, responderá dicha Administración, sin perjuicio
de que ésta exija a sus autoridades y demás personal a su
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido.
6. En el caso de la infracción tipificada en el artículo
19.3.l) de entrega a personas menores de dieciocho años
de productos del tabaco, será responsable quien hubiera
realizado la entrega al menor.
7. En el caso de infracciones en materia de publicidad,
será considerado responsable solidario, además de
la empresa publicitaria, el beneficiario de la publicidad,
entendiendo por tal al titular de la marca o producto
anunciado, así como el titular del establecimiento o espacio
en el que se emite el anuncio.
8. Cuando sea declarada la responsabilidad de los
hechos cometidos por un menor, responderán solidariamente
con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento
de la obligación impuesta a éstos que conlleva
un deber de prevenir la infracción administrativa que se
impute a los menores. La responsabilidad solidaria vendrá
referida a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.
Previo el consentimiento de las personas referidas y oído
el menor, podrá sustituirse la sanción económica de la
multa por las medidas reeducadoras que determine la
normativa autonómica.
Artículo 22. Competencias de inspección y sanción.
1. La Administración General del Estado ejercerá las
funciones de inspección y control, de oficio o a demanda
de parte, así como la instrucción de expedientes sancionadores
e imposición de sanciones, en el ámbito del
transporte aéreo, marítimo o terrestre, cuando éstos se
desarrollen en el marco suprautonómico o internacional,
así como en todos aquellos recintos, dependencias o
medios que, por sus características, excedan del ámbito
competencial de las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.
2. Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en su
caso, ejercerán las funciones de control e inspección, de
oficio o a instancia de parte, así como la instrucción de
expedientes sancionadores e imposición de sanciones.
3. Las competencias sancionadoras de los órganos a
que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las
que corresponden al Comisionado para el Mercado de Tabacos
de acuerdo con la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación
del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
4. Tratándose de las infracciones cometidas a través
de la radio o televisión, las Comunidades Autónomas
ejercerán el control y la inspección para garantizar el

cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, tramitarán
los correspondientes procedimientos sancionadores
e impondrán las oportunas sanciones en relación con los
servicios de televisión y radiodifusión cuyos ámbitos de
cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión
empleado, no sobrepasen sus respectivos límites territoriales.
También serán competentes en relación con los
servicios de televisión y radiodifusión cuya prestación se
realice directamente por ellas o por entidades a las que
hayan conferido un título habilitante dentro del correspondiente
ámbito autonómico.
Corresponden al Estado, a través del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, las competencias para
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta
Ley en los demás servicios de televisión y radio. En estos
supuestos, no serán de aplicación las disposiciones contenidas
en el capítulo V de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
de incorporación al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 85/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva.
5. Las infracciones que se cometan a través de servicios
o dispositivos de la sociedad de la información serán
sancionadas por las autoridades a que se refiere el artículo
43 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.
Artículo 23. Ejercicio de acciones individuales y colectivas.
1. El titular de un derecho o interés legítimo afectado
podrá exigir ante los órganos administrativos y jurisdiccionales
de cualquier orden la observancia y cumplimiento
de lo dispuesto en esta Ley.
2. En materia de publicidad, cualquier persona
natural o jurídica que resulte afectada y, en general,
quienes fueran titulares de un derecho subjetivo o un
interés legítimo podrán solicitar la cesación de la publicidad
contraria a esta Ley, en los términos previstos,
según proceda, en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, 25/1994, de 12 de julio, por la
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades
de radiodifusión televisiva, y 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
3. Cuando la publicidad ilícita afecte a los intereses
colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, se
podrá ejercitar la acción colectiva de cesación con amparo
en las disposiciones citadas en el apartado 2.

Disposición adicional primera. Venta manual de cigarros
y cigarritos provistos de capa natural.
No obstante lo dispuesto en los artículos 3.1 y 5.g), en
lo que se refiere a la venta a través de la red de expendedurías
de tabaco y timbre y de máquinas expendedoras,
se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos
de capa natural en los establecimientos a que se
refiere la letra c), del apartado 1 del artículo 8, que cuenten
con autorización administrativa otorgada por el Comisionado
para el Mercado de Tabacos.
Disposición adicional segunda. Régimen especial de los
pequeños establecimientos de hostelería y restauración
en los que está permitido fumar.
Los establecimientos de hostelería y restauración,
en los que no existe prohibición legal de fumar, por tratarse
de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos




y/o bebidas para su consumo, con una superficie
útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a 100
metros cuadrados, deberán informar, en la forma que
se señale en la normativa autonómica, en castellano y
en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de
permitir fumar o no en su interior. Igualmente, se regulará
autonómicamente la información que se deberá
incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y
demás medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento.
Disposición adicional tercera. Centros o dependencias
en los que existe prohibición legal de fumar.
En los centros o dependencias en los que existe prohibición
legal de fumar deberán colocarse en su entrada, en
lugar visible, carteles que anuncien la prohibición del consumo
de tabaco y los lugares en los que, en su caso, se
encuentran las zonas habilitadas para fumar de acuerdo
con el artículo 8.2.
Disposición adicional cuarta. Régimen especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio
de las peculiaridades del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias respecto de la libertad comercial de los
productos del tabaco en los establecimientos comerciales
situados en el archipiélago canario, sin que esta
excepción suponga limitación en la aplicación de las
demás prescripciones contenidas en esta Ley, en especial
lo previsto en las letras a), b), c), d), e) y f) del
artículo 5, y en todo caso, las destinadas a la protección
de menores.
Disposición adicional quinta. Tiendas libres de impuestos.
Las denominadas «tiendas libres de impuestos» autorizadas
en puertos y aeropuertos, a las que se refiere el
apartado 1) de la disposición adicional séptima de la Ley
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de
Tabacos y Normativa Tributaria, podrán continuar desarrollando
su actividad de venta de tabaco, de conformidad
con lo previsto en la citada disposición.
Disposición adicional sexta. Régimen especial de los
establecimientos penitenciarios.
Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 5.a), a las
expendedurías de tabaco y timbre a que se refiere la disposición
adicional séptima.2 de la Ley 13/1998, de 4 de
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa
Tributaria.
En los establecimientos penitenciarios se permite
habilitar zonas para fumar.
Disposición adicional séptima. Normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de las
demás limitaciones y prohibiciones al consumo de tabaco
contenidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Disposición adicional octava. Centros, servicios o establecimientos
psiquiátricos.
En los centros, servicios o establecimientos psiquiátricos,
se podrán habilitar zonas para los pacientes a quienes,
por criterio médico, así se determine.
Disposición adicional novena. Clubes privados de fumadores.
A los clubes privados de fumadores, legalmente constituidos
como tales, no les será de aplicación lo dispuesto
en esta Ley, relativo a la prohibición de fumar, publicidad,
promoción y patrocinio, siempre que se realice en el interior
de sus dependencias y los destinatarios sean única y
exclusivamente los socios.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de
determinadas expendedurías y de las máquinas
expendedoras.
1. Las expendedurías de tabaco y timbre del Estado
existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley que se
vean afectadas por la limitación establecida en el artículo
5.g) podrán continuar vendiendo labores del tabaco hasta
la extinción de la concesión correspondiente. Los titulares
de las restantes expendedurías a que hace referencia el
artículo 5 dispondrán del plazo de un año, contado desde la
entrada en vigor de esta Ley, para solicitar el cambio de
emplazamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 39
del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla
la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del
Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el
estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco
y timbre. Trascurrido dicho plazo, no se podrán vender productos
del tabaco en tales lugares.
2. Los fabricantes, titulares y cesionarios de máquinas
expendedoras de productos del tabaco dispondrán del
plazo de un año contado desde la entrada en vigor de esta
Ley para adaptar las máquinas a las exigencias y requisitos
tecnológicos a que se refiere el artículo 4.d). Las máquinas
de nueva fabricación deberán incorporar tales exigencias
desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de
las denominaciones comunes.
Las denominaciones comunes a que se refiere el artículo
10 que hubieran sido comercializadas con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar utilizándose,
si bien los nombres, marcas, símbolos o signos distintivos
deberán mostrar un aspecto claramente distinto
del utilizado en el producto del tabaco y no incluir ningún
otro signo distintivo ya usado para dicho producto.
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley,
ningún bien o servicio que se introduzca en el mercado
podrá utilizar nombres, marcas, símbolos u otros signos
distintivos ya utilizados para un producto del tabaco.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio aplicable
a la habilitación de zonas para fumar.
Los requisitos para habilitar zonas para fumadores a
que se refiere el apartado 2 del artículo 8, serán exigibles
una vez transcurridos ocho meses, contados desde la
entrada en vigor de esta Ley. Durante ese período, al
menos, deberán estar debidamente señalizadas y separadas
las zonas de fumadores y no fumadores.
Disposición transitoria cuarta.
Podrán seguir comercializándose hasta tres meses
después de la entrada en vigor de la presente Ley las unidades
de empaquetamiento de cigarrillos, y hasta seis
meses después de la entrada en vigor las unidades de
empaquetamiento de los demás productos del tabaco
que no se ajusten a las disposiciones de esta Ley.


Disposición transitoria quinta.
La prohibición de publicidad o patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios no alcanzará,
durante un período de tres años, contado desde la entrada en vigor de esta Ley, a la publicidad y patrocinio que
incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor con efectos transfronterizos,
en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos,prototipos y/o vehículos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas, además de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
esta Ley, las siguientes:
a) El apartado 9 del artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
b) El artículo 8.5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en lo referente a la publicidad del tabaco.
c) El Real Decreto 709/1982, de 5 de marzo, por el que se regula la publicidad y consumo del tabaco.
d) El Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la protección
de la salud de la población, en la redacción dada por el Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio.
e) El artículo 32 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria y se regula el estatuto concesional de la red
de expendedurías de tabaco y timbre.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.
1. Esta Ley se dicta con carácter básico al amparo del artículo 149.1.1.ª, 16.ª, 18.ª y 27.ª de la Constitución.
Se exceptúa de lo anterior el artículo 10, que se dicta al amparo del artículo 149.1.9.ª de la Constitución.
2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, aprobar las normas de
desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno.
El Gobierno dictará, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo
y aplicación de esta Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, excepto las normas contenidas en el capítulo III, y
las del capítulo V cuando se trate de sancionar infracciones cometidas en los supuestos a que se refiere el capítulo
III, que entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 26 de diciembre de 2005.


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