reglamento general de recaudacion y procedimientos tributarios del sistema espanol juridico - Leyes - hipotecas - planes de pensiones - Reglamento General de Recaudación

Real Decreto 1684/1990 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudacion.

Sumario:

I. El anterior Reglamento General de Recaudación fue aprobado por Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre. Si es cierto que el paso de veintidós años sobre cualquier norma puede producir un envejecimiento de la misma, ello es especialmente aplicable a las que regulan los procedimientos de la Administración financiera española, pues es evidente que la de 1968 es muy distinta, cuantitativa y cualitativamente, de la actual, como lo es la realidad social en que se inserta.

Al citar los hechos más relevantes para la Hacienda Pública de esta nueva realidad social, surge en primer lugar la Constitución Española, diez años posterior al Reglamento que ahora se deroga, la cual crea una nueva organización territorial del Estado que incide claramente en el ámbito de aplicación de este Reglamento. No menos importante es el establecimiento en la propia Constitución de una serie de principios presupuestarios y tributarios que deben tener reflejo en toda la normativa que regula la actividad financiera del Estado.

En otros órdenes, cabe resaltar la integración de España en las Comunidades Europeas, la evolución de la sociedad hacia un predominio del sector de servicios, la progresiva sustitución de los patrimonios materiales por patrimonios predominantemente financieros o la de los medios de pago en efectivo por anotaciones en cuentas por medios electrónicos.

II. Por las razones apuntadas, la función recaudatoria estatal en los últimos años ha sido objeto de importantes reformas, entre las cuales, el Real Decreto 1327/1986, de 13 de junio, supone un hito, al establecer la asunción completa por los órganos ordinarios de la Hacienda Pública de la gestión recaudatoria, que anteriormente estaba encomendada en buena parte a entidades concesionarias y recaudadores.

Paralelamente, las sucesivas Leyes de Presupuestos en los últimos años, a partir de 1983, han ido ofreciendo a las Corporaciones Locales la posibilidad de asumir la recaudación de los tributos locales, opción que ha sido ejercida por la mayoría de ellas y que quedará cerrada definitivamente cuando se cumplan las previsiones de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que se la atribuye a las propias Corporaciones Locales.

Queda así deslindada la función a realizar por los órganos de recaudación estatales:

  1. La recaudación en período voluntario, por su vinculación directa con la gestión de los recursos, será ejercida por los gestores de dichos recursos. En el caso de los recursos tributarios, son las propias Delegaciones y Administración de Hacienda las competentes. Los demás recursos serán recaudados, salvo excepciones, por los órganos de la Administración general o por los Organismos autónomos a los que esté encomendada dicha gestión.
  2. La recaudación ejecutiva del Estado (Administración General) y sus organismos autónomos será ejercida por los órganos de recaudación de la Hacienda Pública.

Las modificaciones estructurales descritas han sido establecidas en diversas normas, pero faltaba su plasmación sistemática en el Reglamento General de Recaudación, tarea ésta que hacía imprescindible este nuevo cuerpo normativo, ya que el anterior había quedado por completo inadaptado a la estructura real de la función recaudatoria.

Pero el ámbito del Reglamento General de Recaudación no se agota en la recaudación estatal. Por una parte, la Ley de Cesión de Tributos del Estado declara aplicables a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas los Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley General Tributaria. Por otra parte, la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece que la recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Dentro del siempre difícil equilibrio entre las competencias del Estado y de los demás entes territoriales, el presente Reglamento trata de salvaguardar tanto la esfera de la autonomía de dichos entes como la seguridad jurídica de los administrados frente a una multiplicación de procedimientos recaudatorios distintos según sea el ente local o autonómico titular de los créditos.

III. El sistema recaudatorio anterior estaba regulado básicamente en tres normas con rango de Decreto:

  • El ya citado Reglamento General de Recaudación, aprobado por Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre.
  • La Instrucción general de recaudación y contabilidad, aprobada por Decreto 2260/1969, de 24 de julio.
  • El Estatuto orgánico de la función recaudatoria y del personal recaudador del Ministerio de Hacienda, aprobado por Decreto 3286/1969, de 19 de diciembre.

Esta regulación tripartita estaba prevista en la exposición de motivos de la primera de ellas, según la cual el Reglamento General de Recaudación recogía las normas de procedimiento, una instrucción general de recaudación recogería las reglas contables y otra norma recogería el estatuto jurídico del personal recaudador y los aspectos orgánicos del servicio.

De las tres normas citadas ha persistido, con las modificaciones requeridas por el paso del tiempo, el Reglamento General de Recaudación que ahora se deroga.

El Estatuto orgánico quedo vacío de contenido al cumplirse las previsiones del Real Decreto 1327/1986, de 13 de junio y, en consecuencia, ha sido derogado por el Real Decreto 1451/1987, de 27 de noviembre, por el que se regula el cese de las encomiendas del servicio de recaudación, de los recaudadores de Hacienda y de los recaudadores de zona.

En cuanto a la Instrucción general de recaudación y contabilidad hay que decir que ya nació con un contenido distinto del previsto, seguramente por exigencias prácticas. En su primera parte, reglas 1 a 131, se establecían normas de procedimiento, complementarias (a veces rectificadoras) de las del Reglamento.

En la segunda parte, reglas 132 al final, se regulaba la contabilidad y estadística de la recaudación.

La primera parte debe seguir el mismo camino que el Reglamento y, en consecuencia, queda derogada al entrar en vigor éste. La segunda parte, que también se deroga ahora expresamente, ya había quedado vacía con la implantación, a partir del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, de un nuevo sistema de información contable en la Administración del Estado y, en especial, con la publicación sucesiva de las diversas instrucciones de contabilidad creadas en aplicación de dicho Real Decreto.

IV. En el nuevo Reglamento se ha mantenido básicamente la estructura del Reglamento anterior debido a que, sin ser la única posible, conserva su validez, y su mantenimiento tiene la ventaja añadida de facilitar a los usuarios su utilización.

En relación con su contenido, deben hacerse las siguientes consideraciones:

El reglamento es una norma de desarrollo de las leyes que regulan los tributos y demás recursos de derecho público y, en especial, de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (principalmente del CAPITULO I del TITULO I), y Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (principalmente del CAPITULO V del TITULO II, y CAPITULO V del TITULO III).

Su contenido es principalmente procedimental.

No obstante, contiene disposiciones que no son puramente de procedimiento, sin sobrepasar su condición de normas de desarrollo de otras de rango superior.

Como procedimiento, se trata de uno de los que gozan de regulación especial, previsto en el artículo 1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo (derogado por la Disposición Derogatoria de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) enumerado expresamente en el Decreto de 10 de octubre de 1958, artículo 1.10.

Con carácter general, se han introducido en el nuevo Reglamento las modificaciones necesarias para adaptarlo a la nueva estructura orgánica de la función recaudatoria, sustituyendo los antiguos órganos de recaudación por los actuales. Asimismo, se ha acomodado su articulado al objeto y ámbito recaudatorios actuales, que refieren la gestión recaudatoria a los tributos y demás ingresos de derecho público del Estado y sus organismos autónomos por un lado, y a los demás entes territoriales por otro.

Al igual que en el anterior Reglamento, predominan las referencias expresas a los órganos de la Hacienda Pública general frente a las referidas a los demás entes territoriales, por la razón fácilmente comprensible de la variedad orgánica de estos entes y por la ya citada del respeto a su autonomía.

El TITULO preliminar, disposiciones generales, contiene como el anterior sendos CAPITULOs dedicados a la gestión recaudatoria, órganos recaudadores, obligados al pago y domicilio. Aparte las modificaciones de carácter general, ha sido actualizado este TITULO teniendo en cuenta tanto la gestión recaudatoria en relación con otras Administraciones públicas como las aportaciones doctrinales en materia de obligados y responsables.

El Libro I está dedicado a la extinción de las deudas. En El, su TITULO I, pago o cumplimiento, conserva buena parte del Reglamento anterior, actualizado teniendo en cuenta, entre otras normas, la legislación cambiaria más reciente.

En cambio, el CAPITULO VII, dedicado al aplazamiento y fraccionamiento del pago, ha sido objeto de importantes modificaciones para su transformación en un medio ordinario de gestión recaudatoria.

Este CAPITULO puede ser aplicado por los entes territoriales en defecto de regulación especifica propia.

En el TITULO II de dicho Libro, otras formas de extinción de las deudas, destaca la actualización de las normas dedicadas a la compensación.

El Libro II que comprende, como en el Reglamento anterior, el procedimiento de recaudación en período voluntario, ha sido objeto de sustanciales modificaciones para su adaptación al ámbito recaudatorio actual y para la actualización de su contenido con vistas a una gestión recaudatoria eficaz.

El Libro III está dedicado al procedimiento de recaudación en vía de apremio.

Su TITULO I comprende el procedimiento de apremio propiamente dicho, en el que destacan, entre las numerosas modificaciones introducidas, las que afectan a las disposiciones generales, ingresos en el procedimiento de apremio, embargo de bienes, deposito y enajenación de bienes embargados.

El TITULO II del mismo Libro, dedicado a la adjudicación de bienes al Estado, ha sido igualmente actualizado.

En los TITULOs III, créditos incobrables; IV, finalización del expediente de apremio, y V, recaudación por el Estado de créditos a favor de otros entes, se han introducido modificaciones, principalmente en el III, tendentes a la obtención de una gestión más ágil, sin merma de las garantías jurídicas.

El TITULO VI del mismo Libro está dedicado a regular las reclamaciones previas de tercerías. En su nueva regulación se prevé la delegación de competencias con vistas a una más rápida resolución de las cuestiones controvertidas.

El Libro IV, de contenido similar al del Reglamento anterior, ha sido adaptado a la situación actual, una vez asumida la gestión recaudatoria por órganos directos de la propia Administración.

Contiene, asimismo, este Reglamento disposiciones transitorias en que se dictan reglas para situaciones limitadas temporalmente. Finalmente, en normas ad hoc, se citan las disposiciones que se derogan y la fecha de entrada en vigor de este Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 1990, dispongo:

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuyo texto se inserta a continuación. En Madrid a 20 de diciembre de 1990.


  Reglamento general de recaudacion
índice